La ‘operación Kitchen’ sustrajo a Bárcenas documentos y audios «comprometedores» para dirigentes del PP

Madrid Actualizado:30/06/2020 12:21h Guardar

La documentación intervenida al comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo ha llevado al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional a la conclusión de que la «operación Kitchen», un dispositivo articulado «sin habilitación legal» para sustraer información al ex tesorero del PP Luis Bárcenas en 2013, tuvo un «resultado positivo»: se le intervinieron «documentos y archivos de audio que resultarían comprometedores para determinados dirigentes del Partido Popular».

Así lo explica Diego De Egea, el anterior instructor de esta pieza separada del caso Villarejo, en la exposición razonada que el 22 de noviembre de 2018 remitió al Consejo de Ministros para solicitar la desclasificación de toda la documentación que obrase en su poder sobre aquel despliegue policial desarrollado sin la tutela de la Audiencia Nacional, que en 2013, cuando ocurrieron los hechos, investigaba la financiación del partido en la trama Gürtel.

La resolución se ha conocido ahora, cuando el actual juez a cargo de la causa, Manuel García Castellón, ha levantado el secreto de sumario sobre determinados documentos a petición del exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. Está investigado en relación a aquel proyecto y ha pedido declarar, siempre y cuando se le dé acceso antes a los papeles remitidos por el Consejo de Ministros al juzgado.

El resto de la pieza permanece bajo secreto, pero la exposición razonada de De Egea sirve para hacerse una idea del arsenal de pruebas que maneja la Audiencia Nacional sobre este asunto. Según expone, en uno de los pendrives intervenidos a Villarejo se destapó la existencia de «un operativo policial denominado Kitchen o Cocina el cual tendría por objeto la localización de documentos, así como el descubrimiento de la actividad de interés policial-judicial relacionada con la actividad de Bárcenas».

En concreto, existen «diversos archivos de audio» en un pendrive intervenido en la casa del comisario «que vendrían a demostrar que dicho operativo excederla del marco legalmente previsto y que se dirigirla sin habilitación legal, o con exceso manifiesto de la que inicialmente podría haber tenido, a la localización de documentos y archivos de audio que resultarían comprometedores para determinados dirigentes del Partido Popular».

«Dicho operativo, habría tenido un resultado positivo, pero sin que exista constancia hasta el momento de que el material incautado haya sido aportado al procedimiento judicial que se sigue y en el que figura como principal investigado el citado Luis Barcenas», concreta la resolución en relación a la trama Gürtel.

Esa misma documentación «reflejaría que en el curso de dicho operativo policial se habrían empleado fondos reservados para llevar a cabo los objetivos». «Estos fondos presentarían un carácter formalmente oficial, pero de contenido manifiestamente ilícito lo que conllevarla una desviación de los recursos estatales para la consecución de finalidades espurias ajenas a las que son propios de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado», concreta.

Un confidente, dos allanamientos

Además de Francisco Martínez y Villarejo, están imputados en esta pieza separada cerca de una decena de policías, incluido el que fuera director Adjunto Operativo bajo gobierno del PP Eugenio Pino, y el entonces jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Policía Nacional, el comisario principal Enrique García Castaño.

Kitchen se articuló a partir de la captación como confidente del entonces chófer de Luis Bárcenas y su mujer, Sergio Ríos, que después obtendría plaza en la Policía. A razón de 2.000 euros al mes, debía mantener al tanto a los involucrados de los movimientos del matrimonio, especialmente una vez Bárcenas entró en prisión, y colaborar en la búsqueda de esa documentación comprometedora que suponían atesoraba contra el PP.

Su captación corrió a cargo, según la investigación, del también comisario Andrés Gómez Gordo, igualmente imputado en la causa. Los recibos de aquellos pagos estaban en poder de Villarejo y tenían reflejo en los archivos del Ministerio del Interior, que tras desclasificar el operativo, remitió los documentos que encontró en sus archivos a la Audiencia Nacional.

Según ha venido declarando García Castaño en la Audiencia Nacional, en este contexto consiguió el volcado de dos teléfonos móviles de Bárcenas. Él mismo compró con fondos reservados un ordenador portátil con el que mostrar los hallazgos al secretario de Estado Francisco Martínez. Interior encontró el recibo de la compra del ordenador, que ya obra en poder de la Audiencia Nacional, y su testimonio se reforzó cuando identificó a los dos policías expertos en informática que colaboraron en el volcado de los archivos de Bárcenas a aquel portátil para que se les pueda llamar como testigos.

Tiene esta pieza además dos ramas rocambolescas. Una es el allanamiento de morada de Bárcenas a manos de un falso cura que pistola en mano, amordazó a su esposa, su empleada de hogar y su hijo y reclamó supuestos papeles ocultos. Ese individuo, del que luego trascenderían graves problemas psiquiátricos, fue condenado a 22 años de cárcel y sigue en prisión en un estado de salud muy precario. Precisamente, el pasado mes de enero el juez y los fiscales de Anticorrupción fueron a tomarle declaración a la cárcel, según las fuentes consultadas por ABC, pero el resultado de aquella diligencia no ha trascendido. En todo caso, la investigación en la Audiencia Nacional incluye aquel delito de allanamiento.

La otra rama es la expedición que el propio García Castaño hizo al estudio en el que restauraba muebles la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias, en busca de unos discos duros que según su declaración, no llegó a encontrar. Cargando un crucifijo de su propiedad y una copia de la llave que resultó no funcionar, franqueó la puerta del estudio haciéndose pasar por un cliente de Iglesias que llevaba una pieza a reparación. Tal y como declaró ante el juez, de acuerdo a las fuentes consultadas por ABC, sospechó que Gómez Gordo se le había adelantado en esta maniobra.

La declaración de Martínez

El punto de inflexión ahora para esta rama de la investigación está en la declaración que preste Francisco Martínez. Es el único cargo político al que ha salpicado la causa hasta el momento y cuando fue llamado al juzgado la primera vez se acogió a su derecho a no responder al interrogatorio. El 13 de marzo, el juez acordó enviar a la Policía Judicial a su domicilio para intervenir documentación que pudiera tener relación con «Kitchen» y recogió evidencias digitales.

El pasado 2 de junio, su defensa presentó un escrito a la Audiencia Nacional en el que solicitaba al instructor que a su vez, pidiese al Gobierno que le autorizase expresamente a declarar sobre aquel operativo policial.

El Ejecutivo ha desclasificado ya dos tandas de documentación y ha eximido de la obligación de guardar secreto a los funcionarios policiales que participaron en el despliegue, pero él no es un funcionario. Ahora ya tiene a su disposición tanto la exposición razonada de De Egea que explica los hechos, como el acuerdo del Consejo de Ministros que desclasificó el operativo en primer lugar y el informe inicial de Asuntos Internos al respecto -a los que ha tenido acceso este diario-, que daba cuenta de que buscando por «Kitchen», en Interior no aparecían documentos.

Hay dos versiones sobre este asunto. Una dice que Kitchen es el nombre que Villarejo, muy amigo de bautizar sus proyectos en inglés, le puso al operativo porque el confidente le recordaba «un cocinero». La otra apunta a que fue él quien lo bautizó así, pero porque ese mismo confidente se estaba metiendo «hasta la cocina» de los Bárcenas.

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